El Gobierno ha frenado en el Congreso una de las reformas más esperadas por miles de mutualistas españoles. El Ejecutivo ha vetado la tramitación de varias enmiendas impulsadas por PP y Junts que buscaban ampliar las posibilidades de transferencia de derechos económicos desde las mutualidades profesionales al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una medida que habría beneficiado directamente a unas 47.000 personas.

La decisión supone un duro revés para numerosos profesionales colegiados que esperaban mejorar sus condiciones de jubilación y corregir los perjuicios derivados de haber cotizado durante años en sistemas alternativos a la Seguridad Social.

El veto se produce en el marco de la proposición de ley que pretende desarrollar una “pasarela” para que los mutualistas puedan trasladar sus derechos económicos acumulados al RETA antes de 2028, fecha fijada para poner fin al actual modelo de alternatividad entre mutualidades y sistema público de autónomos.

La principal enmienda vetada había sido pactada entre PP y Junts y planteaba eliminar uno de los requisitos más restrictivos de la futura pasarela: la obligación de no tener reconocido el periodo mínimo necesario para acceder a una pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social.

Con ese cambio, miles de mutualistas que ya cumplen las condiciones mínimas para jubilarse habrían podido igualmente transferir sus derechos al RETA y mejorar así su futura prestación.

Sin embargo, el Gobierno ha utilizado la potestad recogida en el artículo 134.6 de la Constitución, que permite al Ejecutivo bloquear iniciativas parlamentarias con impacto presupuestario. Según el escrito de disconformidad recogido por Europa Press, la medida supondría un coste estimado de 5.204 millones de euros.

El Ejecutivo considera que asumir ese gasto tendría un fuerte impacto sobre las cuentas públicas y comprometería la sostenibilidad financiera del sistema.

La reforma en discusión busca poner fin a un modelo que durante décadas permitió a determinados profesionales colegiados —como abogados, arquitectos o ingenieros— cotizar en mutualidades privadas alternativas en lugar de hacerlo en el RETA.

Muchos mutualistas llevan años denunciando que este sistema les ha generado importantes perjuicios económicos y pensiones muy inferiores a las del régimen público de autónomos.

Por ello, el proyecto legislativo pretende facilitar una transición progresiva al RETA antes de 2028. Sin embargo, las enmiendas vetadas por el Gobierno buscaban ampliar aún más esa integración y flexibilizar las condiciones de acceso.

El veto del Ejecutivo no afecta únicamente a las iniciativas de PP y Junts. El Gobierno también ha bloqueado una propuesta presentada por Vox para extender la pasarela al RETA a cualquier persona que hubiera sido mutualista en algún momento de su vida laboral, incluidos jubilados, pasivos o beneficiarios. Según el Ejecutivo, esta medida incrementaría aún más el impacto económico de la reforma y desbordaría el objetivo inicial de la ley.

Además, el Gobierno ha rechazado otras modificaciones pactadas entre populares y Junts, como la obligación de desarrollar reglamentariamente la transferencia de derechos en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la ley.

El argumento del Ejecutivo es que fijar ese límite temporal supondría una restricción “significativa” debido a la complejidad técnica de la materia y a los recursos humanos disponibles para desarrollar el proceso.

Otra de las cuestiones que ha generado mayor enfrentamiento político es el intento de PP y Junts de extender el régimen de mutualidades más allá de 2028 y equipararlo al RETA.

El Gobierno considera que esa propuesta contradice directamente uno de los objetivos fundamentales de la reforma: acabar con la coexistencia entre mutualidades alternativas y sistema público de autónomos.

El Ejecutivo sostiene que el actual modelo ha generado “disfunciones” durante años y que mantenerlo supondría perpetuar desigualdades entre profesionales.

Además, el Gobierno alerta del impacto económico que tendría para la Seguridad Social permitir que determinados colegiados siguieran fuera del RETA. Según sus cálculos, por cada profesional que no se afiliara al régimen público de autónomos se dejarían de ingresar unos 105.000 euros a lo largo de una carrera media de cotización de treinta años.

El veto ha generado preocupación entre colectivos de mutualistas y asociaciones profesionales que llevan tiempo reclamando soluciones para quienes consideran que han quedado atrapados en un sistema menos favorable que el público.

Muchos profesionales denuncian que las mutualidades no han garantizado prestaciones equivalentes a las del RETA y que miles de personas afrontan jubilaciones con ingresos muy reducidos tras décadas de cotización.

La decisión del Gobierno añade ahora incertidumbre sobre el alcance definitivo de la futura pasarela y sobre las condiciones en las que podrán integrarse los mutualistas en el sistema público.